26 marzo 2009

LA “LEY ANTICODICIA”

La verdad que las cosas que se están viendo en el mundo financiero norteamericano eran inimaginables.

En estos días el Congreso norteamericano acaba de aprobar una legislación que todos han denominado “Ley Anticodicia”, ya que grava con un impuesto del 90% las primas otorgadas a ejecutivos de empresas que hayan recibido más de 5,000 millones de dólares del Estado.

Aquí sí vale el refrán de que “la avaricia rompió el saco”, cuando la directiva de estas entidades financieras norteamericanas “rescatadas”, en especial los de la importante aseguradora American International Group, Inc. (AIG), prácticamente desvalijaron sus respectivas empresas.

Los ejecutivos de AIG recibieron unos 218 millones en forma de primas.

De estos, 53, luego de recibir sus respectivos bonos –una cantidad de 33.6 millones de dólares- se fueron a trabajar en las firmas de la competencia. Mientras otro grupo de esos directivos recibió sus bonos a pesar de que la división en que laboran haya tenido pérdidas por más de 40,000 millones de dólares.

El perfil del ejecutivo sancionado que establece la nueva legislación fue establecido tomando como base estas acciones realizadas por la directiva de la AIG, ya que fue la entidad que recibió más recursos públicos que cualquier otra entidad, incluyendo los bancos como Citigroup o Merrill Lynch.

Este plan de bonos de la AIG no fue una acción ilegal, aunque es reprochable y ha sido una herramienta de saqueo de recursos, ya que estaba amparada jurídicamente en el contrato firmado por el Tesoro y AIG, que entró en vigor en noviembre pasado, y en el cual se tenía específicamente incluido el otorgamiento de estos bonos.

La legislación adoptada recientemente por el Congreso norteamericano está dotada de efecto retroactivo, para garantizar que todas las empresas que hayan recibido desde la administración Bush fondos del “Programa de Rescate de Activos en Dificultades” -hasta el día de hoy unos 173,000 millones de dólares- puedan ser revisadas.

Un principio de lógica común es que sólo aquellas empresas que presentan superávits y ganancias son las que deben otorgar bonificaciones a sus funcionarios y empleados, por lo que estas acciones de la AIG y otras entidades financieras norteamericanas, que a pesar de la quiebra y necesitar ayuda estatal han premiado a sus ejecutivos por su incompetencia, resultan ilógicas, contraproducentes y una clara malversación de recursos estatales norteamericanos.

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