
Esto independientemente de los casi dos millones de haitianos que viven en la República Dominicana, sin que se sepa quienes son, como se llaman verdaderamente o si han cometido algún delito en otras latitudes, o en el país, por la falta de ese registro.
La declaración del inicio de este censo por parte del Secretario de Estado de Interior y Policía abre las expectativas de que se realice un banco de datos de extranjeros en el país, que está consagrada en la misma Ley de Migración que data del año 2004.

Pero este registro de extranjeros no se debe utilizar como una medida de expulsión de ilegales, ni nada por el estilo, ya que de procederse de esa manera, automáticamente se perdería la posibilidad de hacer un levantamiento efectivo, porque se ocultarían para no dar sus datos.
Asimismo, se debe aprovechar el mismo para utilizar todas las técnicas biométricas modernas existentes, aunque se gaste un poco más, para tener un registro de huellas, fotografías y los datos esenciales de cada una de esas personas.
Ese muestreo que se tome de todos los extranjeros residentes legalmente o no en el país, podrá ser confrontado con los organismos internacionales de seguridad para detectar efectivamente quienes han cometido delitos en otras latitudes y se han refugiado en nuestro país.

Este anuncio debe llevarse a medidas efectivas, poner fecha del levantamiento y empezar a trabajar en la instauración de ese registro tan necesario para nuestra organización interna como nación.