Las medidas migratorias adoptadas por el Parlamento Europeo el 17 de junio han generado desasosiego en América Latina, ya que se ha prescrito la expulsión de inmigrantes sin papeles y la posibilidad de que puedan ser detenidos hasta por 18 meses sin orden judicial.
Además de todos los elementos de crisis que impactan las economías latinoamericanas, por las alzas de los hidrocarburos y los alimentos, los problemas financieros estadounidenses, ahora se agrega la posibilidad de una merma considerable de las remesas que nos llegan desde Europa, con el agravante de que también devolverán a los inmigrantes ilegales.
Esta ley de “retorno” en adición a la imposición de arrestos de aquellos que se nieguen a partir por iniciativa propia, establece a su vez una prohibición de 5 años para regresar a la UE y hasta la expulsión de menores indocumentados, a partir del 2010.
Pero también en estos días se han presentado nuevas medidas migratorias, que ya no sólo penalizan al inmigrante ilegal, sino también a los empresarios europeos que les den trabajo, teniendo penas hasta de reclusión. En el continente europeo habitan más de 8 millones de inmigrantes latinoamericanos indocumentados.
Los gobiernos latinoamericanos han manifestado la gran preocupación que significa ese flujo de retorno a nuestras naciones, incluso Venezuela ha anunciado sanciones y revisión de las inversiones europeas en ese país.
Uno de los puntos más argüidos es la disposición de la retención del indocumentado, hasta por 18 meses. Actualmente, según la Deutsche Welle, “en Dinamarca, Estonia, Finlandia, Lituania, Países Bajos, Reino Unido y Suecia no tienen un máximo estipulado; mientras que en Francia se retiene al “ilegal” por 30 días antes de su expulsión; España, 40; Malta y Alemania, hasta 18 meses”.
En Europa se está promoviendo una política migratoria que prohíba las regularizaciones masivas de extranjeros sin papeles. Incluso, el presidente francés y presidente de la Unión Europea en estos momentos, Nicolás Sarkozy, ha impulsado en Francia la política de "inmigración elegida", para aumentar el ingreso legal de extranjeros profesionales y evitar la llegada de inmigrantes no calificados.
Los pueblos latinoamericanos deben abocarse a presentar una petición en bloque para que se flexibilice esta directiva de retorno y que no nos lleguen de improviso millones de ciudadanos de nuestros países, con la consecuente desaparición paulatina de las remesas, que son una tabla de salvación para nuestras economías.
Además de todos los elementos de crisis que impactan las economías latinoamericanas, por las alzas de los hidrocarburos y los alimentos, los problemas financieros estadounidenses, ahora se agrega la posibilidad de una merma considerable de las remesas que nos llegan desde Europa, con el agravante de que también devolverán a los inmigrantes ilegales.
Esta ley de “retorno” en adición a la imposición de arrestos de aquellos que se nieguen a partir por iniciativa propia, establece a su vez una prohibición de 5 años para regresar a la UE y hasta la expulsión de menores indocumentados, a partir del 2010.
Pero también en estos días se han presentado nuevas medidas migratorias, que ya no sólo penalizan al inmigrante ilegal, sino también a los empresarios europeos que les den trabajo, teniendo penas hasta de reclusión. En el continente europeo habitan más de 8 millones de inmigrantes latinoamericanos indocumentados.
Los gobiernos latinoamericanos han manifestado la gran preocupación que significa ese flujo de retorno a nuestras naciones, incluso Venezuela ha anunciado sanciones y revisión de las inversiones europeas en ese país.
Uno de los puntos más argüidos es la disposición de la retención del indocumentado, hasta por 18 meses. Actualmente, según la Deutsche Welle, “en Dinamarca, Estonia, Finlandia, Lituania, Países Bajos, Reino Unido y Suecia no tienen un máximo estipulado; mientras que en Francia se retiene al “ilegal” por 30 días antes de su expulsión; España, 40; Malta y Alemania, hasta 18 meses”.
En Europa se está promoviendo una política migratoria que prohíba las regularizaciones masivas de extranjeros sin papeles. Incluso, el presidente francés y presidente de la Unión Europea en estos momentos, Nicolás Sarkozy, ha impulsado en Francia la política de "inmigración elegida", para aumentar el ingreso legal de extranjeros profesionales y evitar la llegada de inmigrantes no calificados.
Los pueblos latinoamericanos deben abocarse a presentar una petición en bloque para que se flexibilice esta directiva de retorno y que no nos lleguen de improviso millones de ciudadanos de nuestros países, con la consecuente desaparición paulatina de las remesas, que son una tabla de salvación para nuestras economías.
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