31 enero 2008

REFORMA PREVISIONAL CHILENA

El inicio del año 2008 ha marcado para los chilenos una nueva etapa en su desarrollo como nación, al realizar una de las reformas sociales más importantes de su historia, cuando se promulgó el pasado 17 de enero “la ley de reforma al sistema de pensiones”, dotando a los ciudadanos de esa nación del, sin lugar a dudas, más moderno e innovador sistema previsional del mundo.

El sistema de pensiones chileno fue instaurado en 1981 por la dictadura de Augusto Pinochet, y teniendo como principal característica la creación de las llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), las cuales han acumulado en estos 27 años de existencia US$91 mil millones.

Decenas de países en toda América Latina –incluyendo la República Dominicana-, emularon este sistema al ser uno de los más eficientes y que mejor garantizaba los aportes de los trabajadores.

El punto más trascendental de la reforma ha sido la creación de una pensión básica solidaria de 120 dólares para todos los mayores de 65 años que nunca hayan cotizado o que sus aportes no les alcanzan para recibir una jubilación.

Esto significa que una persona, por el simple hecho de ser ciudadano chileno, aunque no haya realizado aporte alguno, al cumplir la edad requerida tiene la garantía de una pensión.

Otro novedoso aspecto es la incorporación de una bonificación para la mujer por cada hijo nacido, equivalente al 10% de 18 salarios mínimos y un Aporte Previsional Solidario para las pensiones que no alcancen a los 400 dólares.

Esta medida es un incentivo a la procreación, por las bajas tasas de natalidad que se están experimentando en la sociedad chilena.

El estado otorgará incentivos tributarios para que los trabajadores independientes ingresen al sistema, del cual se beneficiaría directamente a más de un millón de personas, en su mayoría amas de casa, artesanos, orfebres, taxistas y pequeños comerciantes, que se encontraban fuera del sistema privado.

Esta reforma, que entrará en vigencia el primero de julio de 2008, tendrá un costo para el Estado chileno -durante los primeros tres años- de casi 1,000 millones de dólares, pero llegará a los sectores más necesitados de la nación, convirtiéndose a la vez en una eficiente manera de inversión social.